Siguen desaparecidas 15.000 personas tras ''guerra sucia'' en Perú
Un informe indica que el problema de los desaparecidos es su "invisibilidad" social, ya que se trató principalmente de peruanos pobres de zonas rurales que no hablaban español.
Unas 15.000 personas siguen desaparecidas en Perú después de la guerra sucia entre el Estado y los grupos terroristas (1980-2000), al cumplirse hoy cinco años de la presentación de un informe elaborado para intentar cerrar las heridas del conflicto.
Aunque se desconoce con precisión el total de desaparecidos durante aquel conflicto, el director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, declaró que estos superan la cifra de 8.558 personas que determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en sus conclusiones.
El EPAF completó a partir de 2007 la lista de la CVR con otras más, entre ellas de la Defensoría del Pueblo, lo que le permitió determinar unos 15.000 desaparecidos, explicó este experto que trabajó en investigaciones forenses en Yugoslavia e Irak.
Aún más, Baraybar cree que el número de desaparecidos en Perú es mayor, ya que aún no se han investigado zonas como el Alto Huallaga, al noreste del país, el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), al sureste, o la selva central.
"El Alto Huallaga es un lugar que ha estado produciendo desaparecidos por muchos conflictos, pero específicamente en la época del conflicto interno tiene una cuota alta de desaparecidos que no está siendo considerada", precisó.
Las desapariciones forzadas en Perú confirman que las víctimas fueron en su mayoría pobladores quechuahablantes de zonas rurales y en situación de extrema pobreza, tal y como lo señala el informe de la CVR.
El experto aseguró que en el caso peruano, donde el conflicto interno dejó, según la CVR, casi 70.000 muertos y desaparecidos, la desaparición forzada fue "una herramienta exclusiva del Estado" y no "un daño colateral", como sucedió en países como en Guatemala.
Baraybar indicó que el problema de los desaparecidos es su "invisibilidad" social, ya que se trató principalmente de peruanos pobres de zonas rurales que no hablaban español.
El experto del EPAF defendió la necesidad de determinar a quiénes se está buscando para "tener más facilidad de encontrarlos", y abogó por un enfoque humanitario en las investigaciones, ya que, según él, las familias de los desaparecidos "tienen necesidad de respuesta".
Este enfoque no "excluye a la (aplicación de) la justicia", añadió.
Aunque se desconoce con precisión el total de desaparecidos durante aquel conflicto, el director ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, declaró que estos superan la cifra de 8.558 personas que determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en sus conclusiones.
El EPAF completó a partir de 2007 la lista de la CVR con otras más, entre ellas de la Defensoría del Pueblo, lo que le permitió determinar unos 15.000 desaparecidos, explicó este experto que trabajó en investigaciones forenses en Yugoslavia e Irak.
Aún más, Baraybar cree que el número de desaparecidos en Perú es mayor, ya que aún no se han investigado zonas como el Alto Huallaga, al noreste del país, el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), al sureste, o la selva central.
"El Alto Huallaga es un lugar que ha estado produciendo desaparecidos por muchos conflictos, pero específicamente en la época del conflicto interno tiene una cuota alta de desaparecidos que no está siendo considerada", precisó.
Las desapariciones forzadas en Perú confirman que las víctimas fueron en su mayoría pobladores quechuahablantes de zonas rurales y en situación de extrema pobreza, tal y como lo señala el informe de la CVR.
El experto aseguró que en el caso peruano, donde el conflicto interno dejó, según la CVR, casi 70.000 muertos y desaparecidos, la desaparición forzada fue "una herramienta exclusiva del Estado" y no "un daño colateral", como sucedió en países como en Guatemala.
Baraybar indicó que el problema de los desaparecidos es su "invisibilidad" social, ya que se trató principalmente de peruanos pobres de zonas rurales que no hablaban español.
El experto del EPAF defendió la necesidad de determinar a quiénes se está buscando para "tener más facilidad de encontrarlos", y abogó por un enfoque humanitario en las investigaciones, ya que, según él, las familias de los desaparecidos "tienen necesidad de respuesta".
Este enfoque no "excluye a la (aplicación de) la justicia", añadió.
Fuente: Diario "El Mostrador"
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